La acción del gobierno gibraltareño el pasado 24 de julio al arrojar al mar, en un caladero próximo a la colonia pero en aguas territoriales españolas, bloques de hormigón y ferralla, ya tiene respuesta en los tribunales nacionales. El Club de la Constitución, una asociación sin ánimo de lucro, la ha presentado en la mañana del miércoles en los juzgados de La Línea de la Concepción. Sin entrar en ámbitos políticos, se considera que el gobierno de la colonia ha dañado las aguas territoriales españolas y se pide detener a sus responsables.
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