La Iglesia católica ha registrado más de mil propiedades en los últimos 12 años gracias a una norma franquista (la Ley Hipotecaria, de 1946) que el Gobierno de José María Aznar amplió en 1998. Inicialmente, su artículo 206 permitió a la Iglesia la inmatriculación (registro) de algunos bienes que carecían de propietario, a excepción de los "templos destinados al culto católico"
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