En 2005, Izquierda Unida-ICV propuso -y el PSOE aceptó- reformar a fondo el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN): hacer públicos todos los documentos, endurecer las sanciones y obligar a los trabajadores a denunciar los fallos que detectasen. Pero dos años después, el PSOE (ya con la presidencia del CSN en su poder) le ha dado la vuelta al texto y la ley llegará a pleno con el apoyo del Partido Popular y con la oposición de IU-ICV, que acabará votando contra una de las principales proposiciones de ley que aportó al Congreso.
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