Según el PSOE, la responsabilidad política en el caso de los presuntos fraudes en las prejubilaciones de los ERE en Andalucía está en la Dirección General de Trabajo, ocupada durante nueve años por Javier Guerrero. Y los ex consejeros que lo mantuvieron en el cargo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, no tuvieron responsabilidad alguna. Además, la suegra del ex director general figura como falsa prejubilada.
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