El PSM cree que los recientes ataques del Gobierno de Esperanza Aguirre a los abogados de oficio encargados de ofrecer asistencia gratuita a los ciudadanos responden a un intento de desprestigiar este servicio e iniciar su privatización, una estrategia que ya ha puesto en práctica la comunidad en otras ocasiones. El consejero madrileño de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, denunció ayer los “abusos” de los abogados de oficio, a los que adeuda 21 millones de euros.
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