Derogar la norma urbanística del 30% aprobada en 2018 por la exalcaldesa Ada Colau es una reivindicación perseguida por el poder económico catalán. En 2018 se aprobó en Barcelona una normativa urbanística que obligaba a los promotores inmobiliarios a reservar un 30% de todas sus promociones a vivienda asequible. Con esta medida, el Ejecutivo de Ada Colau pretendía situar la política pública de vivienda como una prioridad en una ciudad donde el acceso a una vivienda digna tanto en régimen de alquiler como de propiedad es una de las más caras de
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