El objetivo es que los distintos gobiernos autonómicos puedan prestar los servicios de educación y sanidad a niveles similares en el conjunto de España, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar. Y que cada comunidad se haga cargo del resto de servicios no esenciales de acuerdo con su capacidad fiscal potencial, no la efectiva (se quiere evitar que una autonomía que suprima o baje un impuesto, aproveche para decir entonces que tiene mayores necesidades de gasto).
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