Los gobiernos establecen sistemas de licencias televisivas y radiofónicas que les permiten limitar el número de emisoras presentes en su territorio. Esto les permite crear sistemas donde se favorece a empresas de comunicación afines y se recorta la libertad de expresión, al impedir la entrada en acción de nuevas cadenas o emisoras contrarias al gobernante de turno; disponiendo así de un útil instrumento de coacción sobre los críticos. Se trata de la amenaza de no renovar o incluso revocar el permiso para emitir.
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