La deportación forzosa de población civil, es un crimen de lesa humanidad punible por la Corte Penal Internacional. Según Naciones Unidas, una persona refugiada o desplazada por causas climáticas o por desastres naturales no puede ser devuelta a su país de origen si con ello se pone en riesgo el ejercicio de algún derecho fundamental, como es el derecho a la vida.
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