Junto a la panoplia de subvenciones y otras medidas proteccionistas, el Gobierno dio una vuelta de tuerca más a su intervencionismo a favor de los burócratas del cine con la denominada Ley Sinde. Bajo la noble intención de proteger los derechos de propiedad intelectual, se esconde la defensa de los intereses de un grupo que aspira a lo imposible: forzar a los demás a pagar por ver cosas que no desean. Para más inri, los intentos de someter la red de Internet a prácticas policiacas o a caza de brujas no tendrán efectividad alguna.
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