Estamos muy preocupados porque la profesión puede desaparecer si no se da marcha atrás al anteproyecto. Además, en los tiempos que vivimos de crisis esta situación puede afectar a un colectivo de más de cincuenta mil personas en todo el Estado que se quedarían en el paro", añade el decano de los procuradores, una opinión compartida por el resto de los decanos del Estado. El Gobierno español basa la ley en la necesidad de la nueva regulación en las peticiones de organismos como la OCDE, el FMI o la Unión Europea.
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