La empresa está acusada de haber provocado la muerte de más de 2000 personas por fallos en las medidas de seguridad en sus cuatro fábricas de amianto que operaban en Italia en los años 80 y 90. El proceso ha comenzado pero puede que no llegue lejos, ya que uno de los dos propietarios acusados- el millonario suizo Stephan Schmiheiny- lleva varias semanas ofreciendo compensaciones a las familias de los fallecios: 60.000 euros por cada muerto, 20.000 por cada enfermo.
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