El problema con Sortu no es la mayor o menor credibilidad y confianza que nos puedan proporcionar sus impulsores o sus promotores, sino saber si sus estatutos se atienen a la Ley de Partidos. Si es así no hay razón por la que se pueda impedir su inscripción en el registro de tales organizaciones. Si fuera por la confianza que merecen los políticos, posiblemente no habría ni uno que pasara ese examen.
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