Las medidas de desmantelamiento y privatización anunciadas por el gobierno regional del PP solo son posibles gracias a la Ley 15/97 (aprobada por PP, PSOE, CiU, PNV y CC), que permite que cualquier centro sanitario o socio-sanitario pueda ser gestionado y traspasado a empresas privadas, tal como confirmó el T.S.J. de Valencia (“el soporte legal a la concesión administrativa de Alzira vendría dado por la Ley 15/1997”)
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