Las víctimas trabajaban de forma gratuita como supuesto pago por el viaje hasta España. No tenían vacaciones ni días de descanso. En estas condiciones llevaban varios años. Después, tras conseguir introducirlos en Canarias, el implicado obligaba a los empleados a realizar jornadas laborales de 15 horas seguidas. La vida de las víctimas supuestamente se limitaba a trabajar y a acudir al apartamento donde vivían, que también era propiedad del detenido.
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