Así lo confirma el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en una sentencia mediante la que se anula el proceso expropiatorio y obliga a la Administración regional a «devolver de forma inmediata el bien». La demandante pide que, si no es posible reintegrar el suelo, que abarca una superficie de unos 3.000 metros cuadrados, «se condene a la Administración» a abonar una indemnización «equivalente al valor económico del bien a precios actuales, más una compensación por la ilegal ocupación del bien expropiado desde 1989 hasta la actualidad».
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