Hubo un tiempo en que quienes se enfrentaban en los juzgados a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por el canon digital tenían posibilidades cercanas a cero de ganar. La gestora acudía a los procesos armada con informes periciales con membrete de instituciones públicas como la Universidad Politécnica de Madrid. Ante aquel respaldo oficial a las tesis de la gestora, los jueces interpretaban la ley a su favor e iban creando jurisprudencia, lo que complicaba cada vez más la victoria. ¿Qué hizo la universidad? Demandó por su honor.
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