“Fuimos a hablar con ellos y nos respondieron que la ley es injusta y que no cambiarían el precio”, relata Casas. Fue entonces, en marzo de 2021, cuando él y sus compañeros de piso decidieron poner una reclamación a través del Ayuntamiento de Barcelona. El expediente sancionador contiene una propuesta de multa de 9.000 euros, el mínimo que fija la ley para estos casos. Es el primer caso que se encuentra el consistorio de una denuncia por un contrato que incumple la normativa.
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