La ILP presentada al Congreso y avalada por más de 1.400.000 firmas pedía que se legislara la dación en pago para saldar hipotecas en caso de no poder pagarlas y la opción del deudor a conservar la vivienda durante cinco años pagando un alquiler, evitando así el desahucio. Mereció el desprecio de la mayoría parlamentaria y del gobierno del PP, que tuvo la desfachatez de alegar que generaría “inseguridad jurídica”. Al gobierno le preocupa que los inversores gocen de seguridad jurídica para ir engrosando sus beneficios y le importa un bledo...
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