Se trata de 38 sentencias firmes sin consignación presupuestaria a las que hay que dar cumplimiento durante este año y que suponen 44.817.270 euros, además de la previsión del coste de otras sentencias que el consistorio deberá afrontar durante 2016 y que será de más de 45 millones de euros. En algunos casos las sentencias se remontan a los años noventa y los intereses derivados desde entonces alcanzan ya los 19 millones de €. La decisión se ha tomado tras los primeros datos obtenidos d la auditoría interna encargada por el gobierno municipal
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