La presunción de veracidad de los agentes de policía y guardia civil supone, resumidamente, que su palabra vale más que la de cualquier otro ciudadano. Es decir, que si 5 testigos dicen una cosa pero un atestado policial refleja la contraria, prima el atestado (o la declaración del policía que la presenció, si hablamos de pruebas testificales en juicios).
La presunción de veracidad no es absoluta, pero para desmentirla requiere pruebas absolutamente incontestables de que el agente de policía no dice la verdad. En esencia, un vídeo o grabación de audio donde los hechos queden plasmados de forma irrefutable. Como digo, las simples testificales no sirven para desmontarla.
En este contexto, nació la Ley Mordaza que, entre otras muchas cosas, sanciona El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.
Realmente, este precepto no prohíbe grabar a agentes de la autoridad, sino usar las fotos o grabaciones de un modo que les ponga en peligro (por ejemplo, poniendo su cara en internet para que la gente investigue su identidad). Ahora bien, la policía lo puede usar (y según me dicen diversos afectados, lo está usando) para requisar y hacer desaparecer grabaciones de manifestaciones donde sus agentes se estén pasando. La excusa para ello sería que, dada la trayectoria antisistema de quienes graban, es más que presumible que van a emplear las grabaciones con fines ilícitos y, por ello, está justificado quitárselas y acusarles de infracción de la Ley Mordaza, con la consiguiente multa salvaje.
De este modo, el miedo a grabar (pues las sanciones tienen muchos ceros) y las requisas de grabaciones provocan que la presunción de veracidad se convierta en impunidad, pues es más difícil que nunca obtener grabaciones que la desmientan. Y sin grabaciones, la palabra de un agente va a misa (ello aparte de que van generalizadamente sin número de placa).
Y aquí viene mi historia. Hace un tiempo, en una manifestación, un policía apaleó brutalmente a un amigo mío. Aquí tenéis el vídeo www.youtube.com/watch?v=Pqj3Ufxmb1g Y aquí cómo quedó www.youtube.com/watch?v=FJyuk6IIqK4
En este contexto, 3 policías firmaron un atestado diciendo que otro agente vio con sus propios ojos cómo mi amigo tropezó contra una moto y se dio de cara contra ella, debiéndose esas heridas al tropiezo fortuito (lo más sangrante es que el atestado dice que, alarmados por las lesiones que se hizo, los agentes acudieron a ayudarle). Gracias al vídeo, probamos que el atestado era falso y ahora mismo sus autores están imputados por ello antirepresionrm.blogspot.com.es/2014/02/imputados-tres-policias-nacion
Saco la historia a colación por si alguien me dice que es ciencia ficción afirmar que un policía sería capaz de mentir en un atestado o en un juicio. Pues eso, que el derecho de los ciudadanos a grabar las actuaciones policiales, y el deber de portar el número de placa, tienen un fin: evitar que se pueda apalear impunemente y acusar a motos inocentes de la autoría de la paliza. Y, visto lo visto, la presunción de veracidad de los agentes de policía debe ser abolida. Por eso apoyo la iniciativa que hoy se ha presentado en el Congreso a tal efecto. En un juicio, todas las pruebas deben valer lo mismo, sin privilegios para ninguna de las partes.
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