Una autoridad de la Audiencia Nacional dijo, con motivo del comunicado de la banda terrorista, que la “justicia penal está al margen de los contextos y vaivenes políticos”. Como regla general no debe ser así, y en el tiempo que acaba de abrirse menos aún. El fundamento es evidente: el juez, cualquiera que sea, está obligado a interpretar las normas jurídicas de acuerdo con “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas” (artículo 3.1 del Código Civil). Ya sabemos que los comunicados de ETA están llenos de retórica y de falsedades.
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