Los sindicatos denuncian que “existen móviles prohibidos en posesión de los internos que son utilizados muchas veces por narcotraficantes o jefes de determinados clanes mafiosos para dirigir sus negocios desde la cárcel y eso evidentemente es peligroso y afecta no sólo a la seguridad de la cárcel, sino a la seguridad nacional”. Cuando se instaló el sistema de inhibición no se firmó un contrato de mantenimiento y ahora no hay disponibilidad económica para repararlo.
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