La demanda acusa al Santander o bien de saber que Madoff era una estafa y ocultarlo a los inversores, o bien de una quiebra de sus obligaciones fiduciarias por no ser capaz de detectar el fraude mediante una due dilligence adecuada y no proteger los intereses de los inversores pese a cobrar unas enormes comisiones por hacerlo (estimadas en una media del 1,9% del patrimonio del fondo al año, unos 44 millones de euros anuales).
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