La alerta máxima se ha producido al publicarse el proyecto de Real Decreto en el que se aprueba el reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y de reducción de jornada, en el que se concreta cuándo se entiende que concurren las causas económicas que justifican un ERE sobre el personal laboral en la Administración.
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