La Junta reserva en sus presupuestos de este año 1.242.364 euros para pagar las compensaciones a los profesores que se prejubilaron de la Universidad entre 2007 y 2009 acogidos al convenio cuya ilegalidad ha sido puesta de manifiesto por el Tribunal de Cuentas. El Gobierno regional ha encargado un estudio jurídico para estudiar las consecuencias de una posible rescisión del convenio mientras que el Partido Socialista, que gobernaba cuando se firmó el acuerdo, defiende su plena legalidad.
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