La próxima vez que tenga que pedir información pública en su ayuntamiento, su comunidad autónoma, su ministerio, fíjese que no le pase lo que a Jesús Castizo Matas, vecino del pueblo sevillano de Alcalá de Guadaíra. Solicitó datos sobre la normativa local de aires acondicionados y, para su asombro, le cobraron 33,55 euros por la respuesta que le enviaron por escrito, un simple copia y pega firmado, eso sí, por todo dos jefes de sección.
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