Los populares valencianos han optado por esquinar la polémica generada en Castilla-La Macha a cuenta de los derechos que por ley tienen garantizados los expresidentes de la comunidad vecina. Sus colegas castellanomanchegos han abierto fuego al jefe del Ejecutivo, el socialista José Maria Barreda, y le exigen que elimine por ley las prerrogativas que los mandatarios de la Junta tienen garantizadas cuando finalice su mandato: entre otros una secretaría de apoyo, un local de oficina con medios adecuados, un conductor, un coche de servicio oficial.
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