El pasado mes de febrero, el ministro de economia De Guindos, interpelado por Joan Coscubiela de ICV sobre la situación de las familias que han perdido la vivienda en procesos de ejecución hipotecaria y que arrastran una deuda de por vida con el banco, generaba expectativas al anunciar la posibilidad de introducir la dación en pago. Una declaración de intenciones que más allá de reconocer implícitamente la necesidad de regular una legislación hipotecaria a todas luces inhumana y conseguir titulares de prensa sensacionalistas, se quedaba en agua
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