Un sindicato con representación en la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se dirigió recientemente al alcalde capitalino, Jerónimo Saavedra, solicitándole que abone 12 euros a los agentes por cada sanción extendida, «en concepto de la carga psicológica que ofrecen los cuidadanos», es decir, por soportar el berrinche de los ciudadanos.
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