La Fiscalía Superior de Andalucía abrió diligencias de investigación penal y el pasado 17 de mayo la Policía Judicial tomó declaración a Pradas que se ratificó en la “nula información” que ofrece el alcalde, pese a que“por ley está obligado a facilitarla al resto de grupos que conforman la oposición”; además de que no se convocan plenos ordinarios, aunque en los municipios de menos de 5.000 habitantes, como es el caso de Marinaleda, sería obligado celebrar “al menos uno cada tres meses”.
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