La Policía está investigando las supuestas prácticas ilegales cometidas por el trabajador de una farmacia que, ejerciendo como supuesto intermediario de una residencia de ancianos recién abierta en la ciudad, estaría coaccionando a otros empresarios del sector de la geriatría para que derivasen clientes a su establecimiento. A cambio de unas cantidades económicas que llegarían hasta los 2.000 euros por anciano que se cambiara de centro y de propiciar a los «empresarios colaboradores» favores ante la Administración del Principado de Asturias.
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