Los investigadores han determinado que en un periodo de cinco años los implicados presuntamente obtuvieron, de forma indebida, un total de 486.608 euros en ayudas directas y más de un millón de préstamos en intereses. A los 25 arrestados se les considera presuntamente implicados en la falsificación de facturas con la finalidad de adaptarlas a los requisitos requeridos por organismos públicos estatales y autonómicos para la adjudicación de las ayudas.
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