La Policía atribuye un delito contra las altas instituciones del Estado a los ochos activistas de Greenpeace detenidos este jueves tras llevar a cabo una protesta en el Congreso de los Diputados en la que llegaron incluso a encararse en el tejado del edificio para manifestar su rechazo contra la nueva Ley de Costas. Según recoge el Código Penal en su artículo 493 esta acción podría llegar a ser castigada con hasta cinco años de cárcel.
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