Mientras los principales imputados niegan ante el juez las irregularidades, la Unidad de Delincuencia Financiera y Fiscal (UDEF) de la policía sigue aportando al Tribunal Superior de Justicia valenciano informes que acreditan la financiación ilegal —delito electoral y falsedad documental— del PP regional en las elecciones de 2007 y 2008.
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