Redadas policiales contra traficantes y proxenetas, contrabando y tráfico de mujeres, construcción de cárceles y costoso mantenimiento de los presos, blanqueo de dinero, fuga de capitales y fraude fiscal, suponen un auténtico lastre para las cuentas públicas de cualquier administración. Dando por buenos los cálculos y estimaciones realizados por los diputados holandeses, el coste para España ronda la nada despreciable suma de 50.000 millones de euros.
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