El poder Judicial no admitirá injerencias en su trabajo. Y el CGPJ considera que eso exactamente es lo que intentó hacer la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de La Vega cuando aseguró que una sanción de falta leve contra el magistrado Rafel Tirado (el juez que no ejecutó la condena que le impuso al presunto asesino de Mari Luz) "sería intolerable". Las palabras de De la Vega, dijo Enrique López, "son una clara intromisión en la independencia del poder Judicial y en el trabajo del Consejo".
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