La reforma que se plantea, aun sin concretar, supone un grave retroceso. Ignora los dictámenes científicos sobre el embrión temprano —inviable de manera independiente—, rechaza una ley vigente que es más garantista con el feto y aporta mayor seguridad jurídica que la de 1985, y supone un ataque a la autonomía de las mujeres y a la capacidad de decisión sobre su cuerpo. La posibilidad de que la norma suprima o limite severamente el supuesto de malformaciones graves supone una aberración moral, denunciada de forma incansable por médicos
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