Un criminólogo de Madrid solicitó a la Fiscalía de Alicante que identifique a los fiscales que intervinieron en una denuncia interpuesta contra el alcalde de Benejúzar por utilizar los abogados del Ayuntamiento en un litigio personal. Asegura que "cuando el Ministerio Público no impide el uso privado de servicios jurídicos institucionales, las consecuencias llegan a ser muy inicuas y costosas" e "investiga la pasividad o la complicidad de todos y cada uno de los fiscales que conocen y no persiguen el uso indebido de servicios jurídicos".
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