El gobierno de Perú intenta proteger legalmente a las Fuerzas Armadas y policiales de investigaciones por delitos cometidos en el cumplimiento de sus funciones. Uno de los proyectos contempla la introducción en el Código Penal de la no imputabilidad de militares y policías que maten o hieran a civiles en el cumplimiento de funciones en las llamadas "zonas de emergencia", áreas controladas por las fuerzas de seguridad por mandato del Poder Ejecutivo, tanto por amenaza "terrorista" como por movilizaciones sociales violentas.
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