El Real Decreto-Ley sobre las tasas judiciales aprobado este viernes en Consejo de Ministros aumenta además, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, los beneficiarios del servicio de justicia gratuita. Pero esto no es del todo cierto. En realidad, el máximo de ingresos que pueden tener aquellas personas que no estén integradas en ninguna unidad familiar se ha visto reducido (de los 1.290,6 (dos veces el SMI) a 1.065,02 euros mensuales (dos veces el IPREM)).
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