Las conclusiones del documento supondrán un nuevo varapalo judicial para los intereses del Estado tras la imputación del ex director general de la Marina Mercante, pues los peritos consideran que la Administración no ha acreditado suficientemente buena parte de los gastos o ha incluido en su reclamación de daños algunos que no son aceptables. Según ha podido saber La Voz, esta falta de fundamentación documental y técnica afecta también a muchos particulares personados en la causa, que ven rebajadas sensiblemente sus peticiones de compensaciones
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