El 28 de enero de 2008, poco después de que se destapara el caso, el juez Santiago Torres pidió a la empresa Tragsa un informe pericial sobre algunos de los locales y viviendas involucrados. Y el resultado, si se tiene en cuenta que se trata de inmuebles sospechosos de beneficiarse de algún tipo de agilización irregular, es sorprendente: sólo uno de los 47 establecimientos revisados por los peritos cumple la ley.
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