"Dije en su día que la justicia es un cachondeo y me reafirmo; ahora es peor", argumenta para sostener que en su caso "el Supremo sostenía que siendo abogado tenía que conocer la legalidad de los dos contratos", antes de advertir que "al interventor y al secretario no les ocurrió nada", y trazar un agravio comparativo con la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, a la que denomina "la del Gürtel, corrupta pero prescrita" cuando en su caso "el mismo Supremo decía que aunque fuera abogada no tenía por qué conocer lo del Ayuntamiento".
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