La declaración denuncia que “la legislación española no contempla ningún tipo de reparación para las víctimas del terror ejercido por el aparato del Estado” –incluido el ejercido “por elementos policiales incontrolados, como en el caso de las víctimas del caso Almería”–, una situación “a todas luces injusta” que “vulnera el principio de no discriminación entre víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos”, todas las cuales “tienen derecho a justicia y reparación, con independencia de las circunstancias que provocaron su victimización".
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