Cada año, en otoño, cientos de miles de aves protegidas son capturadas y mueren en los más de 1.500 paranys y barracas ilegales que se distribuyen a lo largo de las comarcas de Castellón, norte de Valencia, sur de Tarragona y parte de Aragón. Esta modalidad tradicional de caza está prohibida por diferentes leyes, pero se sigue practicado gracias a la tolerancia de las autoridades locales y al respaldo de los partidos políticos, que anteponen la defensa de una cruel "tradición" practicada por unos pocos al deber de conservar la biodiversidad.
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