«En el 2011 entra en vigor la ley del 2006 para la titulación de abogado y procurador, que supondrá que el licenciado o graduado en Derecho no podrá ejercer la profesión de abogado hasta que no haya pasado una formación específica compartida con las universidades a través de un posgrado universitario y un examen que todavía está por regular, pero que será común a toda España y se realizará por comunidades», aseguró Silvia Jiménez-Salinas, quien afirmó que «éramos el único país de Europa que no tenía el acceso a la profesión de abogado regulado.
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