El dictamen por el que la Junta de Andalucía descartó la semana pasada abrir expediente sancionador al vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente andaluz, Manuel Chaves, tras no haberse inhibido (pese a obligarle la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos) en la aprobación del incentivo de casi 10,1 millones de euros a favor de una empresa apoderada por su propia hija, se basa en que faltaba «la forma de acreditación de la existencia» del conflicto de intereses justo cuando el expediente llegó al «campo de actuación del alto cargo».
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