El pasado 11 de marzo, este partido de apenas 300 militantes, que ha trabado varias alianzas electorales con la derecha como Unió Valenciana y sin infraestructura para recoger las 500.000 firmas que exige la ley, registró en el Congreso y en los 17 parlamentos autonómicos escritos para abrir formalmente el proceso de la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago. El efecto práctico, sin embargo, es el inverso: impide que lleguen al Congreso iniciativas preparadas desde hace meses por las principales organizaciones sociales.
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