Los países de la eurozona deberán limitar por ley, a ser posible en sus Constituciones, su déficit estructural anual al 0,5% del PIB salvo en caso de circunstancias económicas excepcionales, y tendrán que establecer mecanismos de corrección presupuestaria automáticos en caso de desviación, según el último borrador del nuevo pacto para endurecer la disciplina fiscal y prevenir nuevas crisis de deuda.
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